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viernes, 02 de febrero de 2018cermi.es semanal Nº 288

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
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CERMIS Autonómicos

Más de 25.000 personas con discapacidad podrán beneficiarse de la tarjeta de estacionamiento en la Región de Murcia

29/01/2018

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, se reunió este lunes con el presidente de CERMI Región de Murcia, Pedro Martínez, y miembros de su Junta Directiva para presentarles el nuevo decreto por el que se regula la tarjeta de estacionamiento de la Región de Murcia y su diseño, y del que podrán beneficiarse un total de 25.179 personas con discapacidad que presenten movilidad reducida, han apuntado fuentes regionales.

Reunión de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, con el CERMI Región de MurciaSegún explicó la consejera, "se trata de una tarjeta universal que va a mejorar la calidad de vida de estas personas con discapacidad y a facilitar su movilidad". Además, apuntó, "el diseño se ha adaptado al modelo comunitario, lo que la hace efectiva en otros países miembros".
 
La resolución del Parlamento Europeo solicita a los Estados miembros que garanticen el "reconocimiento mutuo de los documentos nacionales de identificación de las personas con discapacidad", con vistas a hacer efectiva la libre circulación de estas personas dentro de la Unión Europea.
 
Así, la consejera ha explicado a los miembros del CERMI que las tarjetas "serán expedidas por los ayuntamientos, a petición de las personas interesadas". Por su parte, las entidades locales "cotejarán los datos del solicitante con la valoración del grado de discapacidad y movilidad reducida dictaminadas por los equipos de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)".
 
Según el decreto, también se reconocerá como beneficiarios de la tarjeta a las personas con deficiencias visuales, que era una de las solicitudes del CERMI. "Podrán solicitar la tarjeta aquellos que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad del IMAS", avanzó la consejera.
 
A su vez, podrán obtener la tarjeta las personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia. La tarjeta de estacionamiento deberá renovarse, han informado desde el Gobierno regional, cada 10 años.
 
Entre los derechos reconocidos a los propietarios de la tarjeta está la reserva de plaza de aparcamiento en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo, el aparcamiento en los lugares habilitados para las personas con discapacidad, sin que pueda establecerse limitación horaria alguna al ejercicio de este derecho, el estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el tiempo necesario, y la parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico, por un tiempo de parada o estacionamiento como mínimo un 75% superior al permitido con carácter general en dichas zonas.
 
Para facilitar su movilidad, los titulares de las tarjetas podrán estacionar en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad y el acceso a vías o espacios urbanos con circulación restringida a residentes, entre otros.
 
El decreto de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad era una de las demandas del CERMI y ha contado con las aportaciones del sector a través de numerosas reuniones. La norma fue informada favorablemente por el Consejo asesor regional de personas con discapacidad, el Consejo regional de servicios sociales, el Consejo regional de cooperación local, por la Dirección de los servicios jurídicos, por el Consejo económico y social y, finalmente, por el Consejo jurídico de la Región de Murcia.
 
(Información publicada por EP Murcia)
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